
WASHINGTON— Los agentes federales de inmigración están afirmando tener amplias facultades para entrar por la fuerza en los hogares de las personas sin una orden firmada por un juez, según un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenido por The Associated Press. Esta postura representa un giro drástico respecto a directrices vigentes durante años, diseñadas para respetar los límites constitucionales sobre los registros y allanamientos del gobierno.
El memorando autoriza a los agentes del ICE a usar la fuerza para ingresar a una vivienda basándose únicamente en una orden administrativa —más limitada— para arrestar a una persona con una orden final de deportación. Defensores de los derechos civiles advierten que esta medida entra en conflicto con las protecciones de la Cuarta Enmienda y contradice años de orientación ofrecida a las comunidades inmigrantes.
NBC News informó que contactó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para solicitar comentarios pero no ha recibido respuesta a su solicitud.
El cambio ocurre mientras el gobierno de Donald Trump intensifica de forma significativa los arrestos de inmigrantes en todo el país, desplegando miles de agentes como parte de una campaña masiva de deportaciones que ya está transformando las tácticas de aplicación de la ley en ciudades como Minneapolis.
Durante años, defensores de los inmigrantes, organizaciones de asistencia legal y gobiernos locales han aconsejado a las personas no abrir la puerta a agentes de inmigración a menos que presenten una orden firmada por un juez. Esta recomendación se basa en fallos de la Corte Suprema que, en general, prohíben a las autoridades ingresar a un hogar sin autorización judicial. La nueva directiva del ICE contradice directamente ese consejo, en un momento en que los arrestos se están acelerando bajo la ofensiva migratoria de la administración.
Según una denuncia presentada por denunciantes internos, el memorando no ha sido ampliamente distribuido dentro de la agencia. No obstante, su contenido se ha utilizado para capacitar a nuevos agentes del ICE que están siendo desplegados en ciudades y pueblos para implementar la ofensiva migratoria presidencial. De acuerdo con la denuncia, a los agentes recién contratados y a quienes aún están en entrenamiento se les instruye a seguir el memorando, incluso cuando contradice los materiales oficiales de capacitación por escrito.
No está claro hasta qué punto la directiva se ha aplicado en operaciones reales. The Associated Press presenció cómo agentes del ICE derribaron la puerta de la vivienda de un hombre liberiano en Minneapolis el 11 de enero, portando equipo táctico pesado y rifles, y actuando únicamente con una orden administrativa.
El cambio casi con certeza enfrentará impugnaciones legales y fuertes críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes y de gobiernos estatales y locales, que durante años han insistido con éxito en que las personas no abran sus puertas sin una orden judicial válida, según un análisis de The Associated Press.
The Associated Press obtuvo tanto el memorando como la denuncia de los denunciantes a través de un funcionario del Congreso, quien los compartió bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de los documentos. La agencia verificó la autenticidad de la información contenida en la denuncia.
Según NBC News, dos denunciantes también compartieron el memorando con el senador Richard Blumenthal.
El memorando, firmado por el director interino del ICE, Todd Lyons, y fechado el 12 de mayo de 2025, dice: “Aunque DHS no ha dependido históricamente únicamente de órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Consejero General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de EEUU, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben depender de órdenes administrativas para este propósito."
El memorando no detalla cómo se tomó esa determinación ni cuáles podrían ser sus repercusiones legales.
Consultada sobre el memorando, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press que todas las personas sujetas a órdenes administrativas ya han tenido “debido proceso completo” y cuentan con una orden final de deportación. Añadió que los agentes han establecido causa probable para los arrestos y que la Corte Suprema y el Congreso han reconocido el uso de órdenes administrativas en casos migratorios, sin ofrecer mayores detalles. McLaughlin no respondió si agentes del ICE han ingresado a viviendas basándose únicamente en órdenes administrativas desde la emisión del memorando, ni con qué frecuencia.
Arrestos recientes ponen el foco en las tácticas
Whistleblower Aid, una organización legal sin fines de lucro que asiste a empleados que denuncian irregularidades, afirmó en la denuncia obtenida por The Associated Press que representa a dos funcionarios anónimos del gobierno federal que están revelando lo que describen como una política secreta y aparentemente inconstitucional.
Una serie de arrestos recientes de alto perfil —muchos ocurridos en hogares y negocios privados y captados en video— ha puesto bajo escrutinio las tácticas utilizadas en la aplicación de la ley migratoria, incluido el uso de órdenes legales apropiadas.
La mayoría de los arrestos migratorios se realizan mediante órdenes administrativas, documentos internos que autorizan la detención de una persona específica, pero que no permiten el ingreso forzado a viviendas privadas u otros espacios no públicos sin consentimiento. Solo las órdenes firmadas por un juez otorgan esa autoridad.
Todas las operaciones de cumplimiento de la ley —incluidas las del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza— están sujetas a la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a todas las personas en el país contra registros e incautaciones irrazonables.
En términos generales, las personas pueden negarse legalmente a permitir el ingreso de agentes federales de inmigración a propiedades privadas cuando estos solo presentan una orden administrativa, salvo en excepciones muy limitadas.
Este mes, agentes federales derribaron la puerta de la vivienda de un hombre liberiano en Minneapolis con una orden de deportación de 2023, el hombre fue arrestado. Documentos revisados por The Associated Press revelan que los agentes actuaron únicamente con una orden administrativa, lo que significa que ningún juez autorizó el allanamiento de la propiedad privada.
Memorando mostrado a “funcionarios selectos”
El memorando establece que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden ingresar por la fuerza a viviendas y arrestar a inmigrantes utilizando únicamente una orden administrativa firmada —conocida como formulario I-205— siempre que exista una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración o un juez de distrito o magistrado.
El documento indica que los agentes deben primero tocar la puerta e identificarse, así como explicar el motivo de su presencia. También fija límites horarios para el ingreso a una residencia: después de las 6:00 a.m. y antes de las 10:00 p.m. A las personas dentro se les debe conceder una “oportunidad razonable para cumplir con la ley”. Si eso no ocurre, el memorando autoriza el uso de la fuerza para ingresar.
“Si el extranjero se niega a permitir la entrada, los oficiales y agentes del ICE deben emplear únicamente la cantidad de fuerza necesaria y razonable para ingresar a la residencia, tras notificar debidamente su autoridad e intención de hacerlo”, señala el memorando.
Aunque el documento está dirigido a todo el personal del ICE, según una denuncia presentada por Whistleblower Aid, solo ha sido mostrado a “funcionarios selectos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, quienes posteriormente lo compartieron con algunos empleados a los que se les pidió leerlo y devolverlo.
A uno de los dos denunciantes se le permitió revisar el memorando únicamente en presencia de un supervisor y luego tuvo que devolverlo, sin autorización para tomar notas. El otro denunciante logró acceder al documento y divulgarlo legalmente al Congreso, según Whistleblower Aid.
Aunque el memorando fue emitido en mayo, David Kligerman, vicepresidente senior y asesor especial de Whistleblower Aid, explicó que tomó tiempo encontrar un “camino seguro y legal” para darlo a conocer a los legisladores y al público estadounidense.
Agentes del ICE instruidos a depender solo de órdenes administrativas
ICE ha acelerado la contratación de miles de nuevos agentes de deportación para ejecutar la agenda de deportación masiva del presidente. Estos agentes están siendo capacitados en el Centro Federal de Entrenamiento para la Aplicación de la Ley, en Brunswick, Georgia.
Durante una visita realizada por The Associated Press en agosto, funcionarios de ICE afirmaron reiteradamente que los nuevos agentes estaban siendo entrenados para cumplir con la Cuarta Enmienda de la Constitución.
Sin embargo, de acuerdo con los denunciantes, a los agentes recién contratados se les está instruyendo que pueden basarse únicamente en órdenes administrativas para ingresar a viviendas y realizar arrestos, aun cuando esa práctica contradice los materiales oficiales de capacitación por escrito del Departamento de Seguridad Nacional.
Tradicionalmente, los agentes de ICE suelen esperar durante horas a que la persona que buscan arrestar salga al exterior —ya sea a la acera o a su lugar de trabajo—, espacios públicos donde pueden actuar sin riesgo de violar las protecciones de la Cuarta Enmienda.
Whistleblower Aid calificó la nueva política como una “ruptura total con la ley” y advirtió que socava la Cuarta Enmienda y los derechos constitucionales que esta protege.







