Más de un año después de que el presidente Donald Trump desplegara a efectivos de la Guardia Nacional para empezar a patrullar las calles de la capital del país, un tribunal federal de apelaciones abrió el miércoles una audiencia sobre la legalidad de su decisión preguntando al gobierno si existía algún límite a la autoridad de un presidente para hacerlo.
La audiencia comenzó con el panel de tres jueces interrogando en conjunto al abogado del gobierno, Eric McArthur.
La jueza Cornelia T.L. Pillard preguntó cómo el argumento del gobierno sobre las facultades de una administración “no constituye una federalización y, por tanto, no choca” con la Ley Posse Comitatus, una norma estadounidense de 1878 que prohíbe el uso del ejército federal para tareas policiales internas salvo que lo autoricen la Constitución o el Congreso.
McArthur, al responder a una pregunta de la jueza Judith Rogers sobre los límites de la actuación de un presidente, afirmó: “Creo que el principio limitador de nuestra postura es que el presidente tiene que movilizar a la guardia en apoyo de las autoridades civiles”.
Trump desplegó a la guardia en agosto de 2025 como parte de lo que, según dijo, era una misión contra la delincuencia en Washington DC. La fuerza, que alcanzó un máximo de unos 5,000 efectivos durante el verano, ha respaldado operaciones de detención, patrullado calles y barrios de la ciudad y participado en labores de limpieza.
El gobierno republicano de Trump sostiene que el despliegue ha contribuido a reducir la delincuencia en la ciudad, donde los delitos ya estaban bajando antes de la llegada de la Guardia Nacional. Funcionarios y activistas de la ciudad, abrumadoramente demócrata, afirman que el despliegue es un despilfarro de dinero público y que ha normalizado la militarización de una gran ciudad estadounidense.
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Mitchell Reich, que defendía a DC, tampoco salió indemne de la audiencia: el panel se centró en su argumento de que existen leyes y directrices que delimitan la capacidad de un presidente para movilizar a la guardia y que había circunstancias en las que esos pasos serían innecesarios, como durante una invasión o una insurrección.
“Si hay cualquier tipo de violencia organizada en el distrito, el presidente puede desplegar a la guardia con el propósito de reprimirla”, indicó.
La audiencia de 90 minutos tuvo lugar meses después de que otro panel de tres jueces suspendiera el fallo de un tribunal inferior que consideraba ilegal el despliegue de la guardia por parte de Trump.
Los tres jueces que dictaron la suspensión el pasado diciembre —dos nombrados por Trump y uno por el presidente Barack Obama — señalaron en un fallo unánime de 32 páginas que diversos factores favorecían al gobierno de Trump.
Entre ellos destacaron la “alteración de la vida de miles de miembros del servicio”, así como lo que describieron como el interés del presidente “en la protección de las funciones y la propiedad del gobierno federal dentro de la capital de la nación”.
Los tres jueces del panel del miércoles fueron nominados por presidentes demócratas: Pillard por Obama, Rogers por Bill Clinton y Bradley Garcia por Joe Biden.
¿El presidente tiene la autoridad para desplegar a la Guardia Nacional?
En el centro del litigio, presentado por el fiscal general de DC, está si el presidente tiene autoridad para desplegar a la Guardia Nacional en la ciudad, que, como distrito federal, cuenta con una autonomía limitada sobre sus propios asuntos.
La Constitución de Estados Unidos otorga a los legisladores federales autoridad sobre el Distrito de Columbia, mientras que la Ley de Autogobierno de 1973 permite a los residentes elegir a un alcalde, un concejo y comisionados de barrio.
La ciudad ha sostenido que la movilización es un uso ilegal del ejército para tareas policiales internas, un punto que Reich reiteró durante la audiencia.
El pasado diciembre, el panel de tres jueces que suspendió el fallo del tribunal inferior señaló que Trump podría imponerse en su argumento de que el presidente “posee un poder singular” para movilizar a la guardia en Washington.
Esos jueces concluyeron que el distrito “no ha identificado ningún perjuicio en curso para sus intereses legales”.
Incluso si DC gana en el tribunal de apelaciones, el gobierno de Trump acudirá sin duda al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ya ha mostrado deferencia hacia el presidente en varios casos.
Un experto jurídico analiza los argumentos
William Banks, profesor de Derecho en Syracuse, dijo que DC podría tener un argumento débil al amparo de su régimen de autogobierno, al cuestionar si unidades de la Guardia Nacional pueden desplegarse en la ciudad cuando no están autorizadas por la legislación local.
Pero, añadió, fuera de ese argumento “no existe un principio federal general que rescate al distrito en este caso”.
Como DC no es un estado y el presidente es el comandante en jefe, existe “un margen enorme y una amplia discrecionalidad para el presidente” a la hora de controlar o delegar el control de la Guardia Nacional local y de unidades de otros estados, explicó Banks.
Jueza determina que Trump no podía desplegar unilateralmente la Guardia Nacional de DC
La jueza federal de distrito Jia Cobb concluyó el pasado noviembre que la toma de control militar de Trump en Washington invade ilegalmente la autoridad de los funcionarios locales para dirigir la aplicación de la ley en el distrito.
Cobb, nombrada por Biden, determinó que, si bien el presidente sí tiene autoridad para proteger el funcionamiento federal y la propiedad federal, no puede desplegar unilateralmente a la Guardia Nacional de DC para ayudar en el control del crimen a su antojo ni llamar a tropas de otros estados.
El tribunal de apelaciones suspendió la orden y ha permitido que la guardia permanezca desplegada mientras el caso sigue en curso.
La movilización, prorrogada hasta enero de 2029 por el Departamento de Defensa, ha adquirido un aire de permanencia, pese al litigio.
El Gobierno federal adjudicó un contrato de $292 millones a una empresa privada para proporcionar apartamentos a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta-DC. Las cifras también han aumentado, disparándose hasta alrededor de 5,000 durante el pico de la celebración del semiquincentenario. Hasta la semana pasada, ese número había bajado a unos 2,900.
Residentes de DC se manifiestan contra la presencia de la Guardia Nacional
Antes de que comenzara la audiencia, varias decenas de personas se concentraron frente al tribunal para oponerse a la continuidad de la presencia militar en la ciudad.
David Barrows, un administrador de oficina jubilado y residente de la ciudad, iba vestido con un disfraz de Trump.
“Es más fácil mandar sobre la gente de Washington DC, porque no tenemos representación en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Así que, básicamente, somos un pueblo maltratado”, opinó. “Pagamos los impuestos federales más altos del país y no tenemos representación en ninguna de las dos cámaras. Así que somos un pueblo engañado, y somos el chivo expiatorio de Trump”.
También puso en duda la premisa de la presencia de la guardia: “Aquí en Washington no hay ninguna emergencia nacional”, afirmó.
Jennifer Pace, residente desde hace muchos años y exbanquera, dijo que sospechaba que el caso seguiría su curso por los tribunales.
“Pero de verdad quiero que avance para que puedan irse a casa”, dijo Pace. “Estoy segura de que ellos también quieren volver a casa, porque está claro que están aburridos. Solo están ahí de pie, sin hacer nada”.
