La oficina del fiscal general de California anunció el lunes un acuerdo que resuelve una impugnación legal presentada por 12 estados contra la fusión de $110,000 millones entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery, lo que despeja un obstáculo clave para la transacción.
La fusión uniría a dos estudios cinematográficos históricos, Paramount Pictures y Warner Bros. Pictures; dos populares plataformas de streaming, Paramount+ y HBO Max; y dos organizaciones de noticias, CBS News y CNN, bajo el liderazgo del magnate David Ellison, de 43 años.
Los estados que se oponían al acuerdo, encabezados por el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaron una demanda el 13 de julio para bloquear la fusión, argumentando en una querella de 38 páginas que la operación “eliminaría la competencia” en Hollywood.
Los términos del acuerdo incluyen el compromiso de la empresa de estrenar 30 películas al año durante los dos primeros años del acuerdo, seguidas de 32 películas en cada uno de los tres años posteriores, o bien pagar una penalización por no alcanzar dicha cifra. Bonta también señaló que la empresa resultante de la fusión invertiría más de 1,000 millones de dólares en la producción y el estreno de películas en Estados Unidos.
Paramount también se ha comprometido a establecer consejos editoriales independientes que supervisen las operaciones de CNN y CBS News.
Asimismo, el lunes, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers’ Guild of America) anunció que había llegado a un acuerdo para resolver la demanda presentada contra Paramount. El sindicato, que cuenta con más de 21,000 miembros, declaró que sigue oponiéndose al acuerdo, pero que, tras la decisión de los estados de retirar su demanda, tuvo que "afrontar la realidad de seguir adelante solos".
Como parte de los términos del acuerdo, el sindicato informó que Paramount ha aceptado "prohibir los despidos de escritores en CBS News Broadcast durante cinco años y abonar 17,5 millones de dólares a nuestro fondo de salud, además de cubrir los honorarios de nuestros abogados en el litigio".
Paramount había acordado congelar la fusión hasta que se resolviera la impugnación por motivos antimonopolio o hasta el 1 de junio de 2027, lo que ocurriera primero. La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California —quien preside el caso—, había programado el juicio antimonopolio para principios de marzo.
La suma de 30 millones de dólares por cada película no realizada se destinará a fondos fiduciarios de salud y jubilación vinculados a sindicatos de Hollywood, como el Writers Guild (Sindicato de Guionistas), la International Alliance of Theatrical Stage Employees (Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales) y el Directors Guild of America (Sindicato de Directores de Estados Unidos).
En un comunicado emitido el lunes, Ellison declaró: "Agradecemos al fiscal general Bonta y a sus colegas fiscales generales, así como al WGA, su disposición a colaborar de buena fe para encontrar una vía de resolución que beneficie a todas las partes, y al gobernador Newsom por su apoyo a lo largo de este proceso".
"Nuestro objetivo siempre ha sido construir un Hollywood más fuerte: uno en el que se cuenten más historias, los consumidores tengan más opciones y exista una competencia más sólida", añadió.
Las acciones tanto de Paramount como de Warner se dispararon más de un 10% al difundirse noticias sobre el acuerdo a primera hora del lunes.
Además, como parte del acuerdo alcanzado con los estados, "la empresa resultante de la fusión deberá llevar a cabo las negociaciones para los canales de cable básico de Paramount de forma independiente a las negociaciones para los canales de cable básico de Warner, preservando así la dinámica competitiva existente entre ambas compañías", declaró Jennifer Davenport, fiscal general de Nueva Jersey.
"La empresa fusionada destinará 47,5 millones de dólares a un fondo para la plantilla durante un periodo de cinco años, destinado a la formación y el desarrollo profesional de los trabajadores afectados por la fusión", señalaba el comunicado.
La demanda para impugnar el acuerdo fue presentada por Bonta y sus homólogos fiscales generales demócratas de Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington.
Argumentaron que la operación infringía la Sección 7 de la Ley Clayton de defensa de la competencia de 1914, una ley federal que prohíbe las fusiones susceptibles de reducir la competencia. Los estados afirmaron que el acuerdo disminuiría la competencia en tres ámbitos: la distribución de películas para su estreno general en cines, la distribución de películas llamadas a ser grandes éxitos de taquilla y el mercado de distribución de canales de cable básico a proveedores de televisión por cable y satélite.
Paramount rechazó estas alegaciones, argumentando que la demanda de los estados es "errónea tanto en los hechos como en el derecho" y representa "una de las impugnaciones de fusión más débiles en la historia moderna de la legislación antimonopolio".
Los ejecutivos de Paramount tenían gran interés en cerrar el acuerdo lo antes posible, en parte porque la compañía se había comprometido a pagar a los accionistas de Warner una comisión adicional —conocida como ticking fee— de 25 centavos por acción cada trimestre si la operación no se concretaba antes del 30 de septiembre; una penalización que suponía un coste superior a los 600 millones de dólares cada tres meses.
En agosto, los abogados de Paramount pidieron a Martínez-Olguín que exigiera a los opositores legales de la fusión, entre ellos el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (Writers Guild of America), que presentara casi $1,900 millones. La compañía dijo que ese dinero cubriría los costos de los retrasos provocados por la demanda antimonopolio.
El Departamento de Justicia respaldó la petición de Paramount de que los opositores fueran obligados a presentar un pago como condición para continuar bloqueando la fusión. Martínez-Olguín había programado una audiencia sobre la solicitud de Paramount para el 24 de septiembre.
Opiniones divididas en Hollywood sobre la fusión
Paramount ya había recibido la aprobación regulatoria del Departamento de Justicia, que autorizó el acuerdo el 12 de junio, y también ha destacado aprobaciones similares en otros territorios, entre ellos Australia, Canadá y China.
La Comisión Europea también dio luz verde a la operación el 21 de julio, aunque exigió a la compañía desprenderse de su participación en United International Pictures y no celebrar acuerdos de distribución cinematográfica con Universal en el Espacio Económico Europeo durante 10 años.
La fusión también cuenta con el respaldo de AMC Theatres y Regal Cinemas, las mayores cadenas de salas de cine de Estados Unidos por número de ubicaciones y pantallas.
Sin embargo, numerosos actores, guionistas y productores de Hollywood se han sumado públicamente a los esfuerzos para bloquear la fusión. En una carta abierta publicada a principios de este año, argumentaron que una mayor consolidación corporativa de la industria del entretenimiento “amenazará la sostenibilidad de toda la comunidad creativa”.
Paramount ha insistido reiteradamente en que el acuerdo es “legal, favorece la competencia y beneficiará a los consumidores, creadores, trabajadores y a la industria del entretenimiento”.
La compañía también ha argumentado que los grandes estudios enfrentan una competencia saludable por parte de distribuidoras cinematográficas más pequeñas, entre ellas Amazon MGM (“Project Hail Mary”), A24 (“Backrooms”) y Lionsgate (“Michael”), que recientemente han tenido éxitos de taquilla.
El sindicato de actores SAG-AFTRA emitió un comunicado poco después de alcanzarse un acuerdo, señalando que considera que los términos abordan "algunas de nuestras profundas preocupaciones sobre los niveles de producción y la inversión en la producción estadounidense".
"Seguiremos abordando nuestra relación con Paramount con profesionalismo y con la intención de colaborar eficazmente", afirmaron en el comunicado el presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, y el director ejecutivo nacional y jefe de negociación, Duncan Crabtree-Ireland. "Esperamos que el proceso de diálogo con los fiscales generales les haya hecho comprender que, además de la negociación colectiva, nuestros miembros dependen de la ley para proteger sus intereses… Estos son los estándares mínimos que nuestros empleadores deben cumplir".
El domingo y el lunes, miembros del Comité por la Primera Enmienda —un grupo defensor de la libertad de expresión encabezado por la actriz Jane Fonda— organizaron manifestaciones en Oakland (California), frente a la oficina de Bonta, y en la ciudad de Nueva York, frente a la oficina de la fiscal general del estado, Letitia James.
Con pancartas que decían "#BlockTheMerger" (Bloqueen la fusión), los manifestantes instaron a los fiscales generales de los estados que han demandado a Paramount a mantenerse firmes y a no hacer concesiones durante las negociaciones.
"Solo queremos agradecer a todos por escucharnos; queremos que la gente difunda el mensaje y que todo el mundo sepa: esta fusión es perjudicial", declaró Bruce Cohen, un productor que asistió a la manifestación y participó como orador el lunes. "Es perjudicial para Hollywood, para los trabajadores y para la democracia".
Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Daniel Arkin, Saba Hamedy y Steve Kopack para NBC News.
La historia fue traducida del inglés con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.
