Le Journal

Los líderes progresistas latinoamericanos se ven cada vez más acorralados en la lucha contra el crimen organizado por la presión del gobierno de Trump y de sus propios votantes, quienes señalan los resultados de la guerra contra las pandillas emprendida por el presidente de El Salvador. El deseo de una respuesta más contundente a los problemas endémicos ha ido en aumento durante años en América Latina. Las tácticas punitivas implementadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele contra las pandillas de su país en 2022 resultaron en una drástica disminución de los homicidios y un aumento considerable de su popularidad entre los salvadoreños. Bukele no solo presume de su éxito en casa, sino que también ha buscado exportar su enfoque, ganando adeptos entre los votantes y los populistas conservadores de todo el hemisferio, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump. Durante el último año, Trump adoptó una postura más confrontativa hacia América Latina que cualquier otro presidente estadounidense en la historia reciente. Declaró a numerosos grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, acusó al mandatario venezolano Nicolás Maduro de narcotráfico, amenazó con acciones militares contra varios países y señaló a Bukele como ejemplo de lo que desea para el resto de la región. Esto intensificó la presión sobre las administraciones más progresistas de México, Colombia y Guatemala, que habían propuesto soluciones más integrales a los problemas endémicos, como erradicar la corrupción y ofrecer oportunidades económicas a los jóvenes. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fue el último en sentir esta presión cuando presuntos miembros de pandillas asesinaron a 10 policías en aparente represalia por la negativa del gobierno a otorgar privilegios a los líderes pandilleros encarcelados. El domingo por la noche, declaró el estado de emergencia, restringiendo algunos derechos constitucionales. "La combinación de la creciente presión estadounidense y el referente de derecha que representa Bukele, que ofrece una respuesta a los problemas de seguridad, ha obligado a los gobiernos a equilibrar pragmáticamente sus propios principios con las crecientes demandas de mano dura", afirmó Tiziano Breda, analista sénior para América Latina y el Caribe del grupo de análisis de conflictos ACLED. El estado de emergencia en Guatemala podría limitar los derechos La situación se agravó con un estallido de violencia en Guatemala durante el fin de semana, cuando reclusos en prisiones notoriamente controladas por pandillas se amotinaron y tomaron a guardias como rehenes. Cuando las autoridades retomaron el control de una prisión, presuntos miembros de pandillas en la capital asesinaron a 10 policías. Arévalo declaró que el estado de emergencia se mantendría vigente durante 30 días para combatir a las pandillas, a las que describió como "criminales violentos que cometen actos de terrorismo". La declaración, que puede limitar algunos derechos constitucionales como la libertad de movimiento, de reunión y de protesta, fue aprobada por el Congreso de Guatemala el lunes por la noche. "No escatimaremos recursos para castigar, perseguir y encontrar a los responsables de estos crímenes", dijo Arévalo en un discurso el lunes durante el funeral de los agentes. La medida de Arévalo recuerda las acciones tomadas por su homólogo Bukele en 2022. El estado de emergencia en El Salvador sigue vigente casi cuatro años después y más de 90,000 salvadoreños han sido arrestados bajo su amparo, lo que ha generado acusaciones de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el país registró solo 82 homicidios en 2025, en comparación con los 6,656 de 2015. "Proyectar firmeza" Arévalo es el líder más reciente en América Latina en seguir el ejemplo de Bukele, imitando a Ecuador, Honduras y Costa Rica, que la semana pasada inició la construcción de una prisión inspirada en la infame cárcel salvadoreña para presuntos pandilleros. Sin embargo,…

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